La salud y la vivienda son derechos humanos y, como tales, requieren la protección del Estado. Si se vulneran, las víctimas deben poder reclamarlos, incluso ante la justicia. Algo que hoy, en España, es ilusorio.

El derecho de toda persona a una vivienda adecuada se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. Los desalojos que se realizan sin informar previamente, sin permitir que las personas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos, constituyen desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional.

El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, tampoco es una realidad para miles de personas con discapacidades mentales. Los recursos públicos en salud mental son limitados y encontrar un diagnóstico o tratamiento oportuno presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial.

Se estigmatiza a diferentes sectores de la población para negarles sus derechos, siendo las mujeres doblemente discriminadas. Las barreras para acceder a recursos legales que les permitan hacer valer sus derechos, aumentan la indefensión y agravan la pobreza.

En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente. Pueden, por tanto, violarse con impunidad. Están a la intemperie.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales deben garantizar que las personas puedan exigir sus derechos.

¡ACTÚA!